Indemnizaciones por paralización de transporte

Indemnizaciones por paralización del vehículo de transporte de mercancias

En el transporte de mercancías, lo que se conoce como paralización del vehículo puede producir un lucro cesante o ganancia que se deja de obtener por un hecho culposo, lo cual es un concepto indemnizable.

La inmovilización del vehículo, paralización o exceso de tiempo para realizar la operación de carga o descarga, tienen un plazo de dos horas según la regulación vigente para el contrato de transporte terrestre de mercancías.

Es decir que, sea por un accidente que causara la rotura e inmovilización del vehículo, como si la demora de carga y descarga afecta el desempeño de sus funciones, el transportista tiene derecho a reclamar una indemnización por el tiempo que dure la reparación o demora.

Cómo se calcula el monto de la indemnización

La indemnización correspondiente a la paralización del vehículo sigue establecida en 35,86 euros la hora, sin contar las dos primeras horas (que son el plazo de carga y descarga), y pueden computarse por fracciones y hasta por un máximo de 10 horas diarias.

A partir el segundo día la indemnización se incrementa en un 25% (hasta 44,82 euros la hora), y a partir del tercer día –y los siguientes- el recargo es de un 50% (hasta 53,79 euros la hora).

En el caso de que el inconveniente afecte la carga, por ejemplo si se tratara de un incidente de tráfico y rotura del vehículo con daños a la carga, se aplica una indemnización por pérdidas o averías.

En el transporte de  mercancías se aplica un tercio del IPREM diario por kilogramo y en el transporte de mudanzas, 20 veces el IPREM diario por metro cúbico.

Sin modificaciones aún para este año, como en 2017 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se fijó en 17,93 euros diarios. Esto resulta en un máximo de 5,97 euros por kilo en el transporte de mercancías y un máximo de 358,60 euros por metro cubico en el caso de transporte de mudanzas.

Sin embargo, es conveniente advertir que, de reclamarse judicialmente, no se aplica de forma automática la cuantificación descripta con el fin de evitar el enriquecimiento injusto del reclamante.

Por ello, se recomienda acompañar comprobantes y pruebas que justifiquen los beneficios dejados de obtener, como encargos que no se hayan podido atender, documentación contable, informes periciales, entre otros.